Rosario Robles, ¡tiene miedo!

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Se ampara, para que la fiscalía no la detenga por supuestos desvíos

La FGR solicito que un juez convoque a una audiencia para imputar y vincular a proceso a la ex titular de la SEDESOL, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El próximo 8 de agosto será la audiencia inicial ante el juez. Cabe destacar que este el delito no amerita prisión preventiva, por lo que si el juez decide vincularla a proceso podría seguirlo en libertad.

Recordemos que Rosario Robles es parte del esquema en que 11 dependencias de gobierno y 8 universidades públicas subcontrataron a empresas “fantasmas” para la prestación de “servicios” y “desaparecieron” más de 7 mil MDP de recursos públicos, hecho conocido como “la estafa maestra”.

Dichas empresas presentaron varias anomalías, como tener un mismo apoderado legal, no presentar declaraciones, domicilios falsos y una (Desarrollo Publicitario ADP, S.A. de C.V.) fue constituida por dos personas físicas, una de ellas trabajador hasta el 2015 de SEDESOl, quien manifestó no saber leer ni escribir.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la PGR tres denuncias penales por un monto de 903.89 millones de pesos, derivados de casos de corrupción en dos dependencias de Quintana Roo.

Los presuntos desvíos fueron detectados en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por un monto de 806.62 millones de pesos; y en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), por 97.27 millones de pesos: ambos durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, durante la administración de Roberto Borge Angulo.

En el caso del SQCS, que fue encabezado por Jorge Acevedo Marín, una denuncia fue por 450.06 millones de pesos derivada de la auditoría 1791-DS-GF aplicada a la cuenta pública 2016; la segunda 356.56 millones de pesos tras la auditoría D17011 practicada a la cuenta pública 2015.

La denuncia, correspondiente a la Universidad Politécnica de Quintana Roo que encabezó José Luis Pech Galera, fue promovida por la ASF, como resultado de la auditoría 1793-DS efectuada a la cuenta pública 2016. La Upqroo también utilizó ocho empresas fantasmas, incluso una fue constituida por una ex funcionaria en la Universidad, para realizar un diagnóstico y la creación de un sistema de información de la Sedatu y sus órganos desconcentrados.

Según las auditorías, el SQCS firmó un convenio general y cuatro específicos para el desarrollo de estrategias de comunicación, creatividad, producción y edición de materiales en audio, en video y gráfico, por los cuales la Sedatu pagó 450 millones 60 mil 696 pesos. El SQCS también fue utilizado para la campaña de “Buen Vecino” y “Vecino Vigilante”, de las cuales no se entregó evidencia documental de su ejecución.

Estos servicios se subcontrataron a 23 empresas y dos personas físicas sin sujetarse a las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y que recibieron sólo el 93% de lo cobrado por SQCS.

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